UPA Córdoba, junto con las organizaciones agrarias COAG Córdoba, Asaja Córdoba, y Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, unirán al campo cordobés en una tractorada que se concentrará en Lucena el 27 de febrero. Continúan las protestas de los agricultores, con el objetivo de lograr cambios en las administraciones, que atiendan sus reivindicaciones y reviertan la complicada situación que vive el sector primario.
Córdoba, 15 de febrero de 2023. Consideramos que hay que mantener la presión ante las Administraciones en las calles, continuando las movilizaciones que se iniciaron en Córdoba el 5 de septiembre de 2023 ante todos los ministros de agricultura de la UE, las celebradas en enero por varios países de Europa y las celebradas en España en los últimos días.
La tractorada que vuelve a cambiar tierra por asfalto, tendrá lugar el próximo 27 de febrero, y se concentrará a las 11:00 horas en Lucena, a la altura de la rotonda que enlaza la A-318 con la A-45 (cerca de la fábrica de turrones Primitivo Picó). Previamente, las caravanas de tractores saldrán desde todos los puntos de la provincia, conforme hayan acordado los agricultores con sus respectivas cooperativas. Esta movilización llega con la unanimidad de las principales organizaciones representantes de los agricultores en la provincia, UPA Córdoba, COAG Córdoba y Asaja Córdoba, así como Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba.
El lema de esta movilización será ‘Por la supervivencia del campo’, en un momento de situación ruinosa para todos los sectores productivos de Córdoba debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, a los altos costes de los inputs necesarios para producir y a la falta de mano de obra. Otros motivos para salir a la calle son: una reforma de la PAC que exige más con menos recursos, que castiga a la agricultura y ganadería más productiva y ante la falta de reciprocidad con las importaciones, además de una ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector.
Hacemos un llamamiento para la movilización con el objetivo de defender el sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones “un apoyo firme a todos los niveles”, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en la provincia. Una actividad, cuyo futuro, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores.
Exigimos, así, dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia de un mundo rural y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad mitigando el cambio climático al ser sumideros netos de CO2. Los temas fundamentales y las peticiones más destacadas son las siguientes:
1. INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS Y REGADÍOS.
Reclamamos políticas valientes, con medidas a corto, medio y largo plazo, con un objetivo fundamental: que los agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo para alimentar a la población. Es imprescindible invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas que nos hagan más resistentes a los fenómenos meteorológicos extremos que estamos sufriendo.
El agua es uno de los principales retos que presenta en la actualidad la agricultura cordobesa. A este respecto, reclamamos la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra en 13.000 hectáreas, en los municipios de Santaella, La Victoria, La Guijarrosa, La Carlota y Puente Genil. También solicitamos la concesión de 20 hectómetros cúbicos de aprovechamientos de aguas depuradas o la aprobación del proyecto de limpieza del embalse de Cordobilla. Así mismo, es preciso la ampliación de regadíos con dotaciones ahorradas en el pasado, que ascienden a más de 250 hm3, lo que supondría la puesta en riego de 150.000 has de olivar con una dotación de 1.500 m3/ha.
También debe permitirse la construcción de balsas y micro-embalses y autorizar el llenado de las mismas con aguas de escorrentía invernales. Se debe garantizar el agua para los ganaderos, permitiendo obras básicas de acumulación de aguas de escorrentía.
Exigimos la mejora y construcción de infraestructuras, la redistribución de los recursos, la utilización de aguas subterráneas, fomentar el ahorro en el uso del agua y la ampliación de regadíos sostenibles. Es preciso encaminar todas estas actuaciones para desarrollar una gestión eficaz social y económicamente justa del uso del agua, reasignándola bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
2. UNA REFORMA TOTAL DE LA PAC ACTUAL.
A nivel de Europa, demandamos que se salvaguarde la PAC como una de las grandes políticas estratégicas de la UE y que se refuerce su presupuesto, ya que sin los agricultores y ganaderos en el campo no hay comida en la mesa. Bruselas debe reorientar la PAC hacía la producción de alimentos y que ésta sea rentable para los productores y a precios razonables para los consumidores, con criterios de sostenibilidad científicos. No puede olvidarse que la alimentación es la primera necesidad que tienen todos los consumidores europeos.
En paralelo a estas medidas de carácter comunitario, exigimos al Gobierno de España que presente urgentemente un Plan de Choque a nivel nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC acorde a la realidad productiva de los distintos territorios, la simplificación administrativa para el agricultor y ganadero y reducción de la burocracia con la consecuente eliminación del cuaderno digital de explotación y/o su retraso. Hace falta que la administración autonómica haga una apuesta decidida por el relevo generacional, sin que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad quede fuera de las ayudas por falta de presupuesto. Exigimos una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía, que reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz.
3. DEFENSA DEL MODELO EUROPEO DE PRODUCCION Y GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD EN SUS TRES PILARES: EL ECONÓMICO, EL SOCIAL Y EL MEDIOAMBIENTAL.
UPA apuesta por potenciar lo que ha sido un modelo de éxito y la creación del mayor polo de desarrollo: La Unión Europea. Basado en un modelo de agricultura familiar, sostenible social y ambientalmente, que lo tiene que ser también económicamente, con reglas comunes y objetivos compartidos. Nos reconocemos como profundamente europeístas, es el único camino posible. Frente al cuestionamiento que se hace desde ámbitos nacionales o por parte de otros colegas comunitarios defendemos que es la única vía posible y trabajamos por mejorarlo y poner en primer lugar a los agricultores y ganaderos europeos.
-Cláusulas espejo. Que se impongan las mismas normas y exigencias a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas. Reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea.
-Mercado único. Que se respete el mercado único europeo y se legisle contra medidas proteccionistas nacionales o acciones que atenten contra el libre comercio dentro de la UE. Reconocimiento y valorización de los agricultores y ganaderos españoles como productores de alimentos sanos y de calidad.
-Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes al sector agrario y aplicación de medidas complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector.
-Establecer una Política de Estado para el medio rural que incluya la creación de una mesa estatal del medio rural y actualizar la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Que asegure la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales.
4. POLITICAS DE PRECIOS-COSTES Y SEGUROS AGRARIOS.
Que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España. Apoyo firme al sector por parte de las administraciones, a todos los niveles.
Exigimos el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que marca como debe ser la configuración de precios, la cual se deberá realizar en origen, es decir, de abajo hacia arriba, de tal forma que por partida triple la nueva normativa establece que no podemos vender los productos agrarios por debajo de los costes de producción. Esto nos debería llevar a plantear unas nuevas relaciones entre los operadores y a partir del establecimiento de unos precios justos, los diferentes operadores aportarán su valor añadido a los productos agrarios hasta llegar a conformar el precio final al consumidor.
Se trata de cambiar las formas de entender las relaciones de la cadena y trasladar a todos los operadores que esto ha venido para quedarse. Debe ser un gran avance y un instrumento fundamental para mejorar la posición de los agricultores y ganaderos a lo largo de la cadena.
Demandamos una eficaz vigilancia, control y aplicación de la Ley. Debemos explicar el alcance de las reformas y activar un plan de inspección y control que asegure su cumplimiento inmediato. También demandamos que el Observatorio de la Cadena realice los informes y estudios a los que la nueva Ley les obliga y que identifique los costes medios de producción y su evolución en los principales sectores productivos.
Así mismo necesitamos que la AICA y la Junta de Andalucía a través de la Dirección General vigilen y hagan cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los agricultores y ganaderos.
Demandamos una revisión del sistema de seguros agrarios para que sea una herramienta eficaz y justa para el productor ante adversidades, actualizando rendimientos y primas para ajustarlos a los nuevos estándares de producción y que sean atractivos para los agricultores y ganaderos.